Novedades > Nos juntamos entre amicus para exigirle al Estado que proteja nuestro derecho a la privacidad y cumpla con la legislación vigente

Le exigimos al Estado que proteja con el derecho a la privacidad y cumpla con la legislación vigente

Por ODIA

Fundación Vía Libre y el  Laboratorio Abierto de Inteligencia Artificial presentaron un "amicus curiae" para fortalecer el amparo que iniciamos hace más de un año desde ODIA y Democracia en Red para que el Estado no utilice nuestros datos sin nuestro conocimiento expreso.

Un poco de contexto

En marzo del 2020, la Jefatura de Gabinete de la Nación sancionó la Decisión Administrativa 431/2020 que habilitó la transferencia de datos personales entre diferentes organismos del Estado, recopilados a través de diversas aplicaciones durante la declaración de emergencia sanitaria nacional por la pandemia de COVID-19.

Estos datos, inicialmente proporcionados por la ciudadanía con un fin específico (como obtener permisos de circulación en un contexto de distanciamiento social), pueden ser transferidos entre las dependencias de la administración pública para otros propósitos, en muchos casos oscuros y no especificados. 

Amparo contra el Estado Nacional

En abril de 2023, desde O.D.I.A. y Democracia en Red presentamos un amparo colectivo para dejar sin efecto la DA 431/20 por ser inconstitucional. La DA atenta directamente contra la Ley de Protección de Datos Personales que, entre sus principios generales, estipula la necesidad de contar con el consentimiento otorgado por el titular del dato cedido. Cuando la ciudadanía otorga su consentimiento para el tratamiento de datos con un propósito definido, no están dando luz verde para que estos datos sean desplazados entre las diversas esferas gubernamentales sin su conocimiento ni autorización. 

Esta transferencia de información sensible compromete no sólo la privacidad individual, sino también la confianza en las instituciones encargadas de proteger nuestros derechos (acá tenés más info).

La importancia del consentimiento

No podemos subestimar la importancia del consentimiento en la era digital, donde los datos se convierten en activos económicos para quien los tiene en su poder. 

La capacidad de decidir cómo y cuándo se comparten nuestros datos personales es esencial para preservar nuestra autonomía y proteger nuestras libertades individuales. En este contexto, la colaboración de organizaciones civiles es crucial para construir un frente común contra las prácticas que amenazan la privacidad de los ciudadanos.

En el curso de este proceso judicial, hemos encontrado un gran apoyo por parte de organizaciones civiles comprometidas con la defensa de la intimidad y la autodeterminación informativa. Fundación Vía Libre y LAIA son dos ejemplos destacados que comparten nuestro enfoque y han respaldado nuestra acción de amparo en todos sus aspectos con la presentación, dentro de nuestro proceso judicial, de un amicus curiae.

¿Qué es un “amicus curiae”?

Un amicus curiae, o amigo del tribunal, es una persona humana o jurídica, sea pública o privada, que no es parte en un caso legal, pero que tiene un interés en el resultado del mismo y ofrece información o argumentos al tribunal con el fin de influir en su decisión

Es decir, este individuo u organización pueden presentar argumentos por escrito o, en algunos casos, incluso participar en las audiencias orales para proporcionar una perspectiva adicional sobre el tema en cuestión. 

Los amicus curiae son comunes en casos de interés público, como es el nuestro, o en aquellos que pueden tener repercusiones significativas más allá de las partes directamente involucradas. Su papel es brindar al tribunal una visión más completa de los problemas legales y las implicaciones de su decisión, lo que puede ayudar a garantizar que se tome una resolución informada y equitativa.

La privacidad como derecho humano

La tecnología ha avanzado a pasos agigantados, brindándonos beneficios significativos, pero también presentando desafíos sin precedentes para la privacidad. La pandemia COVID-19 aceleró la adopción de soluciones digitales, pero esto no puede ser una excusa para comprometer la integridad de los datos personales.

Necesitamos encontrar un equilibrio entre la eficiencia administrativa y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

En última instancia, nuestra lucha no es solo por la inconstitucionalidad de ciertas disposiciones legales, sino por el respeto a la privacidad como un derecho humano fundamental. La confianza en el manejo adecuado de nuestros datos es esencial para la construcción de una sociedad digital justa y equitativa.

La necesidad de sentar precedente

A medida que avanzamos en este proceso judicial, no sólo buscamos un fallo favorable, sino también sentar un precedente para la protección de la privacidad en la era digital.

La colaboración entre ciudadanos y organizaciones civiles es la piedra angular de esta lucha, una lucha que busca asegurar que la tecnología no se convierta en una amenaza para nuestra privacidad, sino en una herramienta que mejore nuestra calidad de vida sin comprometer nuestros derechos fundamentales.